Las cifras incorporadas al Registro Único de Seguros de Vida relativas a las pólizas ligadas a tarjetas bancarias reflejan, de manera rotunda y contundente, la dimensión de la demanda social existente en esta materia. De hecho, se ha demostrado que estamos ante un instrumento fundamental para defender los derechos de los asegurados y los beneficiarios de los seguros de vida.
El retraso injustificable de su puesta en marcha por la Dirección General de Seguros, una vez que su creación fue consagrada en la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, demuestra la falta de interés del Gobierno por la defensa de los derechos de los consumidores. Pero además, los datos de actividad del Registro ponen de relieve la inconsistencia de las declaraciones de UNESPA en el sentido de que en la situación anterior “apenas quedaban pólizas sin cobrar”.
No obstante, y pese al importante avance social que supone este servicio impulsado por Ausbanc Consumo, la realidad demuestra que el sistema todavía está incompleto ya que, entre otros motivos, existe un importante número de ciudadanos que desconocen este registro dada la escasa publicidad institucional que se le ha dado, y porque los que han accedido a él han tenido serios problemas para obtener la información solicitada. Así pues, esta Asociación exige al Ejecutivo un mayor nivel de información, además de un registro de beneficiarios en el que exista un mayor grado de iniciativa por parte de los aseguradores para localizar precisamente a los beneficiarios.
La puesta en marcha del Registro Único, que se antoja vital dada su enorme trascendencia y calado social, constituye la culminación de un largo y arduo proceso, lleno de obstáculos y contratiempos, iniciado en solitario hace más de seis años por Ausbanc Consumo, verdadera impulsora de dicha iniciativa.
No hay que olvidar que en el mercado nacional operan cerca de 350 compañías de seguros que, en su conjunto, comercializan aproximadamente 17 millones de seguros que cubren muerte y/o invalidez, una cifra que muestra la necesidad de contar con dicho registro. Así, uno de cada cuatro españoles tiene contratado un seguro de muerte para cubrir dichas contingencias, mientras que dos de cada tres pólizas están vinculadas a otros productos.
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